Por
Rocío Alejandra Ayala Pimentel
Hablar
sobre un fraude en nuestro país, es como hablar del pan nuestro de cada día,
máxime cuando las instituciones públicas se han ganado a pulso el descontento
de los ciudadanos y por ende, la desconfianza. Algunos analistas, han hablado
sobre un ‘desgobierno’ en México, pero cuando vemos que los encargados de
proveer bienestar social, político y económico, gobiernan a su modo, nos damos
cuenta que se salieron con la suya y que fue un proceso democrático, el
instrumento para dar rienda suelta a gobernar, como mejor le perece o le
resulta conveniente hacerlo, independientemente del impacto en los mexicanos. Ante esa panorámica, es posible apreciar que
no es un desgobierno lo que causa el descontento entre la ciudadanía, porque
además no es tal, la razón ya se expuso.
Luego
entonces, tintinea algo más tangible y que causa escozor por lo trascendental
de su origen, estamos hablando de la credibilidad y del quehacer de cada
ciudadano y de las instituciones a cargo de conferir seguridad y resguardo a
las decisiones de cada elector.
Cuando
la premisa es, no solo ganar o recuperar la credibilidad, sino robustecer esa
credibilidad y la legalidad de los actos, en automático se provee la confianza
para actuar conforme a derecho, se siembra la intención de denunciar más que
nunca cualquier acto de corrupción porque se tiene la certeza de que al menos,
se hará la investigación pertinente y que cada día habrá menos espacios para
personajes corruptos y los estragos de un fraude. Se crean las herramientas
para decir, no más, ni un fraude más.
Eso
es lo que percibo del consejero del INE, Dr. Ciro Murayama Rendón, luego de su
intervención ante el INE sobre la empresa fantasma que financió operación en la jornada electoral de 2012, documento de carácter público, proporcionado a este medio para fines de
información y respaldo de la presente entrevista.
Antecedentes
El
pasado 10 de enero de 2018 el consejero Ciro Murayama, a través de la Unidad de
Fiscalización, dio a conocer una de las que señaló como, la indagación más compleja
que ha enfrentado en IFE y el INE, sobre una trama de financiamiento irregular
a la política.
La
indagatoria sobre la queja Monex, inició con la denuncia de 16 tarjetas
bancarias que habrían sido utilizadas para dispersar recursos a favor de la coalición
Compromiso por México, cuyo candidato fue Enrique Peña Nieto, de las cuales 8
fueron emitidas por Bancomer. Para conocer si en efecto había algún ilícito
electoral, la Unidad de Fiscalización escindió el procedimiento y dio inicio el
18 de enero de 2013.
Los hechos
-Entre
octubre de 2011 y julio de 2012 Asismex recibió depósitos en tres cuentas de
Bancomer por 1,394 millones de pesos.
-En
el mes previo a la jornada electoral, sus ingresos provenientes de 7 aportantes
(no identificados o negaron tener relación con Asismex) fueron por 123 millones
de pesos.
-El
27 de junio de 2012, cuatro días antes de la jornada electoral del 1° de julio,
Asismex realizó pagos por $63.5 millones de pesos, repartidos en tarjetas
bancarias destinadas a 7,311 beneficiarios que fungieron como representantes
partidistas, a los cuales Asismex les ingresó 18 millones 441 mil pesos,
repartidos de la siguiente manera: 5,613 representantes del PRI y Partido Verde
recibieron 15 millones 152 mil pesos; 1,026 representantes del PRD, PT, MC,
recibieron depósitos por 2 millones 58 mil pesos; 369 representantes del PAN
tuvieron depósitos por 742 mil pesos y a 243 representantes de Nueva Alianza se
les depositaron 489 mil pesos.
Cabe
señalar que la indagatoria no alcanzó a concretar los datos de Asismex, por
tratarse de una empresa con características típicas de una empresa fachada o
fantasma, que se fondea de recursos de otras empresas igual de irregulares,
empresas de las que no existen facturas de los depósitos en el Sistema de Administración
Tributaria y tampoco se ubicó a Asismex en el domicilio asentado ante el SAT.
El panorama
Toda
esta situación se da en un tiempo (ambiente) preocupante por las futuras
elecciones para este 2018.
–¿Cómo
debemos percibir esta situación? ¿Se sanciona a los partidos políticos y viene
un borrón y cuenta nueva? ¿Ya no estarán sujetos a investigación? Esta elección
cómo la tenemos que percibir luego que nos encontramos con que, con este
reparto de dinero, estamos ante una situación de un fraude y quiérase o no,
pues ya nos acabamos un sexenio, con una información que no conocíamos. Sin
embargo, tuvimos que estar sujetos a reformas, a mandatos y leyes de este
gobierno, que en 2012, no ganó limpiamente. Es decir que de acuerdo a esta
investigación, no estaba validado. ¿Cómo tenemos que apreciar esta situación?
–A
ver, la elección de 2012 se dio en unas reglas que no son las mismas que las de
2018. En la elección de 2012 el dinero no tenía nada que ver con la
calificación de la elección, de hecho se calificaba la elección
presidencial en septiembre y fue hasta
octubre, noviembre, cuando los partidos presentaron sus informes de ingreso y
gasto, y fue hasta 2013 que el IFE cerró la fiscalización porque esos eran los
tiempos de ley.
“El
que se presentaran los informes de ingresos y gastos de campaña después de la calificación
de la elección, pues demuestra de manera muy clara que eran cosas separadas, que no tenían
efecto la una sobre la otra. Hoy sí podrían tener efecto porque precisamente la
reforma de 2014 que le dio nacimiento al INE, hizo que esta autoridad, a
diferencia del IFE, fuera la única autoridad fiscalizadora de las campañas a
nivel nacional.” Refiere el consejero del INE, para diferenciar las elecciones
federales de 2012 y 2018 y añadió; “el IFE nunca fiscalizó una campaña local,
fueron solo las federales, y se estableció como una posible causa de nulidad de
las elecciones, el rebase en el gasto. El rebase en el tope de gasto es más de
5% en una elección cerrada, competida y con diferencia del 5% en primero y
segundo lugar y por lo mismo la fiscalización debe concluir antes de la
calificación de la elección; entonces nosotros tenemos que presentar nuestra
fiscalización antes del mes de septiembre, nosotros estaremos concluyendo la
fiscalización, en agosto.”
–Esto
es, dentro de los 40 días que mencionaba en algún momento.
–Así
es. Eso es una cosa que cambia y la otra, es que yo creo que la medida, así haya
sido tardío, porque pues Bancomer nos entregó hasta el 1ro de Enero del año pasado
la información, si no nos hubiera dado esa información no hubiéramos podido
sancionar más que 8 tarjetas, que son las que originalmente se habían
denunciado y no los miles.
“Pero
yo creo que en la medida en que algo se sanciona, se resta espacio a la trampa,
es decir, el mejor aliciente para alguien que viola la ley, es no ser
sancionado, y en la medida en que no hay sanción se reproduce la impunidad.”
Cerrar filas para evitar un fraude más
El
Dr. Ciro Murayama enfatizó sobre la contundencia del INE para evitar un fraude
más. “Aquí estamos cerrando la puerta a estas prácticas y al mismo tiempo este
llamado a la atención sobre la muy necesaria colaboración, que no por voluntad
si no que por obligación constitucional, deben de prestar los agentes
económicos con el INE.”
Al
mismo tiempo, hizo referencia sobre la importancia de la participación de las
instituciones bancarias en investigaciones de esta naturaleza. “Es decir, si
Bancomer hubiera dado al IFE esta información en el 2013, el caso hubiera
podido ser sancionado entonces, y eventualmente su sanción política, moral,
social habría sido mayor aún pero, esto subraya que el hecho de que el INE no
pueda frenarse por el secreto bancario, fiduciario y fiscal; puede trascender y
puede conocer en los entresijos del sector financiero tramas de financiamiento irregular,
pues necesita de la colaboración de las autoridades hacendarias y financieras y
también de las propias entidades bancarias, entonces yo creo eso es una
elección.”
El
Consejero, se mostró optimista y dijo que hoy día se tiene una perspectiva
distinta en cuanto a la colaboración, de quien así le sea requerido, para dar
solvencia a la fiscalización y las propias investigaciones que sea pertinente
hacer. “El propio banco ha declarado, Bancomer, que va a ser un aliado del INE,
que va a proporcionar toda la información en 2018, entonces yo espero que sea
también sea la disposición del conjunto de las instituciones bancarias y eso
nos va a permitir tener miradores, microscopios sobre operaciones inusuales que
puedan tener indicio de estar beneficiando a alguna campaña política”.
–Concretamente,
esto lo podemos entender entonces que si para la elección de 2018 se encontrase
una situación similar, ¿estaríamos hablando de la posibilidad de invalidar
alguna elección?
–Es
tal la constitución, la posibilidad de invalidar alguna elección por un gasto excesivo
de recursos, y quien puede hacer eso, quien tiene la potestad de anular una
elección es el Tribunal Electoral, el INE lo que hace es fiscalizar, presentar
sus conclusiones, y a mí me parece que los actores políticos están avisados de
que no basta con ganar, si no ganar limpiamente.
El papel del Tribunal Electoral
–Al respecto
y ahora que menciona al Tribunal Electoral, ¿cuál ha sido la postura de esa
institución respecto a esta investigación?
–No
la conocemos, porque el asunto todavía no llega al Tribunal, ya se impugnó por
parte de distintos actores políticos, incluido el PRI, y el Tribunal tendrá que
analizar este caso, concretamente. Ellos saben que todo este caso, se trata de
un asunto delicado.
Murayama Rendón, denunció que mediante investigaciones periodísticas, “nos enteramos que
estas empresas fantasma, forman parte de la red de empresas fantasma que se usaron
en Veracruz durante la administración pasada, entonces pues yo espero, contar
con el respaldo del Tribunal para cerrar el espacio a quienes han usado estos
mecanismos de financiamiento irregular a la política”.
Del IFE al INE y la participación
ciudadana
–Para
los votantes, esta investigación se tiene que tomar en cuenta como la parte de
credibilidad que tanta falta le hace falta a instituciones como el INE, es
decir, después del rezago que dejó el IFE ¿podríamos así decirlo?
–Yo
creo que el IFE nació gracias al prestigio del IFE, es decir, lo que se fortaleció
fue a la autoridad nacional porque se veía que el IFE había fiscalizado
relativamente bien y se fortaleció.
En
ese mismo orden de ideas, el consejero Murayama Rendón advirtió que esta
investigación, da santo y seña del alcance que tiene el INE y de la certidumbre
que puede ofrecer a los votantes. “A mí me parece que, esto es un asunto que da
una lección acerca de algo que se denuncia, se supone, de lo que se habla que
es que hay dinero, la política, que no sé
qué, pues el INE sobre eso ha documentado un caso y ha sancionado, eso pues
ojala me permita avanzar en una ruta de sanción, de legalidad y ponerle fin a
la impunidad, esa es la contribución del INE; robustecer la legalidad y en esa
medida la confianza en las instituciones públicas.”
“Me
parece que las condiciones están dadas para que la gente vote en libertad, hay
una enorme incertidumbre alrededor de las elecciones de este año, pero es la
incertidumbre legítima en democracia, no sabemos quién va aganar, a diferencia
del México de hace 30 años. En las elecciones del ‘88 ya se sabía quién iba a
ganar desde el día del destape, con nombre y apellido, aquí no es el caso y
nuestro trabajo es asegurar que la gente vote en libertad y estamos con todas
las condiciones estructurales para tener una elección genuina, la gente va a
ser la que decida y eventualmente la conducta financiera de los actos políticos
que tanto están rindiendo cuentas a lo largo de sus campañas y que tan probos
han sido en el manejo de recursos cuando les ha tocado gobernar, pues supongo
que eso será parte de la evaluación que haga el ciudadano en la soledad de la
mampara.”
Bajo
esa premisa, el consejero Ciro Murayama Rendón, señaló que hay condiciones
favorables para que se lleven a cabo las próximas elecciones y destacó que la
responsabilidad del voto, recae en la ciudadanía. Desde luego, el sabor de boca
que deja una indagatoria de esta naturaleza, se acentúa de manera distinta en
cada uno, según como se perciba al gobierno actual. Las circunstancias en 2012
fueron las mismas para todos, considerando lo señalado en esta entrevista, que
en aquella época, el dinero no tenía nada que ver con la validación de la
elección. Sin embargo, el dispendio de recursos, fue ilícito, esta
investigación devela un fraude, uno que muchos supimos desde el primer momento,
amén de los delitos electorales asentados en las actas de cada casilla y que
por distintas razones, se quedaron sin resolver, ya sea por falta de recursos,
pruebas o tiempo para atender a cada denuncia.
Finalmente, la Unidad de Fiscalización, tuvo a bien proponer una sanción
con el 200% de los recursos ilícitos recibidos.
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