Dirigentes
de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, AC
(ANETAAC) y del Movimiento Nacional del Taxi (MNT), dieron a conocer que los
prestadores del servicio de transporte de pasajeros del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México ganaron de forma definitiva el amparo en
revisión 1132/2017, mediante el cual se obliga a las autoridades federales
correspondientes a impedir el transporte de personas desde la estación aérea si
no cuentan con el permiso o concesión federales, decisión que podrá replicarse
en los estados de la República por los miembros de la ANETAAC.
Este
hecho, sin embargo, provocó la reacción de las autoridades federales, las
cuales mediante la Comisión Federal de Competencia Económica ahora presionan y
combaten al gremio con acusaciones de monopolio en el transporte dentro del
Aeropuerto Benito Juárez, por lo cual es “evidente el interés por introducir y
legitimar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT)” y el acoso del Estado
Mexicano, a través de la COFECE, contra los transportistas permisionarios del
servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), por lo que de ser necesario se defenderán en la Suprema Corte de
Justicia (SCJN).
En
la voz del vocero del Movimiento Nacional del Taxi, los transportistas que
prestan el servicio en los aeropuertos del país destacaron cómo existen
convergencias de algunos sectores interesados, recientemente ahora también en
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de regular la
prestación del servicio de empresas como Uber, Cabify, Buggy Rides, Taxifi,
Taxibeat, Easy Taxi, Yaxi y Ergomotos, entre otras.
Esta
arremetida en su contra, revelaron, la encabeza el diputado panista y
empresario del transporte en Monterrey, Alfredo Rodríguez Dávila, junto con
algunos de sus compañeros de partido y de Movimiento Ciudadano, quienes quieren
realizar reformas legislativas a modo en la Ley de Aeropuertos y de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
“Nos
oponemos rotundamente porque nosotros somos permisionarios y concesionados como
lo mandata la ley y nuestra Carta Magna. Nos oponemos a la ilegalidad”.
De
igual forma demandaron al gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, revisar
la situación jurídica y que se actúe conforme a derecho en el caso de los
dirigentes Bersaín Miranda Borraz y Franklin Herrera Soriano, hechos presos
desde enero pasado por luchar por la legítima defensa del gremio y el respeto
al Estado de derecho en aquella entidad que también lucha contra las ERT.
Destacaron
que estas ERT a las cuales “hoy han estado empoderando frente a los verdaderos
trabajadores del servicio público de pasajeros, que somos nosotros, carecen de
la seguridad que siempre han esgrimido sus protectores y aquellos quienes
tienen intereses muy personales y claros para intentar legalizar lo ilegal”.
Insistieron
en “el caso de la joven universitaria Mara Castillo, quien presuntamente fue
privada de su libertad, violada y asesinada por el conductor de una unidad de
Cabify en la ciudad de Puebla, donde el Estado es cómplice de este hecho por
permitir que presten servicio sin estar debidamente regulados”, así como otros
hechos que ocurren cotidianamente.
En
el marco de Asamblea Nacional Extraordinaria de la ANETAAC, los taxistas de la
República Mexicana dijeron que están a favor de la modernidad y la tecnología,
que “incluso ya se adecúan aplicaciones para proporcionar servicio de
transporte público a través de plataformas digitales, el cual debe ser brindado
por las unidades de transporte reguladas y legales, que el mismo Estado
concesiona desde hace más de un siglo”.
Y
reiteraron que llegarán “hasta la última instancia legal como es la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en nuestra legítima demanda para exigir que se
prohíba la circulación de automóviles que utilizan plataformas digitales para
la prestación del servicio público de transporte, el cual por mandato federal
debe ser concesionado, ya que de lo contrario el servicio que prestan es ilegal”.
Respecto
del amparo ganado, agregaron que se trata del juicio donde se revocó la
sentencia del Juez de Distrito en fecha del 18 de septiembre de 2017, donde el
Tribunal Colegiado determinó que el acto reclamado a las autoridades quedó
probado y consecuentemente están obligados a sacar a Uber y a las demás
empresas que brindan el servicio a través de aplicaciones, del Aeropuerto de la
Ciudad de México.
“Este
recurso jurídico seguramente los compañeros de los demás aeropuertos tendrán la
opción de hacer valer sus derechos conforme a este recurso ganado”.
Al
referirse al tema de la seguridad, dijeron que durante estos casi 50 años los
permisionarios en todos los aeropuertos del país no han cometido ilícitos
“porque el ordenamiento en los aeropuertos nacionales e internacionales uno de
los preceptos jurídicos es la seguridad de los usuarios, como una norma a nivel
internacional.
“Sin
temor a equivocarnos —expresó Gonzalo Ortiz Castelán— podemos decir que no ha
habido ningún accidente, incidente o delito que vaya en contra de la seguridad
de los usuarios en todos los aeropuertos del país. Cumplimos el concepto de
norma de seguridad porque es un precepto indiscutible para ejercer nuestra
prestación”.
Comentaron
que en el AICM sus unidades cuentan con dispositivo GPS, de tal forma que cada
servicio lo vinculan y pueden decir con toda certeza que hay seguridad para
todos: el vehículo, el operador y destino para seguridad de los usuarios.
Explicaron
que tan sólo ayer el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que
desde que entró la empresa Uber en la Zona Metropolitana de Guadalajara se han
contabilizado 15 violaciones, mientras que en el sector transporte no hay un
caso de violación o muerte en la historia de la Ciudad de México, “eso marca la
diferencia en cuanto a la seguridad”.
Destacaron
que de acuerdo con información no oficial, a la fecha hay más de 80 mil
vehículos UBER en la Ciudad de México. “El dueño de la aplicación se lleva el
25 por ciento de los viajes que se realizan, contribuyendo así a su riqueza que
sobrepasa los 70 mil millones de dólares y mucho producto proviene de México”.
Subrayaron
que en otros países han sacado a Uber porque no hay corrupción e impunidad como
la hay en México.
El
sector transporte a nivel nacional, que somos muy importantes para la economía
del país, estamos hasta la madre, cansados de la política corrupta de nuestro
país y no lo vamos a tolerar.
“Queremos
que la gente entienda que la diferencia de las tarifas entre esas empresas de
transporte por aplicaciones y los transportistas concesionarios, es la
corrupción, ‘no podemos dar tarifas baratas porque a nosotros el Gobierno nos
impone el pago de todos los impositivos’, de cada peso que ingresan a través de
los transportistas de los aeropuertos nos queda una utilidad de 16 centavos y
con 16 centavos después no podemos vivir ni cambiar vehículo”.
Los
transportistas hicieron varios llamados, uno de ellos fue para los congresos de
los estados, al Congreso de la Unión y al Senado, para que por ningún motivo
hagan y aprueben el traje a la medida de la ilegalidad “contra la que estamos
luchando”.
Enfatizaron
un llamado más al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo
que no sea que se vaya a salir de control el tema de Uber como ya ocurrido en
otros países. No lo quieran disfrazar con que ya es una empresa ya aceptada
porque es una aplicación de internet como Google y no tiene por qué dar
servicio de transporte público. Que trabaje con los transportistas o esto se
puede salir de control como en otros países. Las ERT son la ilegalidad, expuso
Carlos Sosa Madrazo.
Video
de la rueda de prensa
Entrevista:
Mario Meléndez habla del amparo ganado por las agrupaciones de taxis