martes, 20 de junio de 2017

DECLARACIÓN CONJUNTA CIDH Y ACNUR - DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO: 10 MEDIDAS PARA QUE LOS ESTADOS DE LAS AMÉRICAS RESPONDAN A LAS CRISIS DE REFUGIADOS


Washington / Ginebra – En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconocen la valentía y los sacrificios de 65,6 millones de personas que para finales de 2016 se habían visto forzadas a huir de sus hogares en búsqueda de protección a nivel mundial. Esta cifra es la más alta de todos los tiempos e incluye 40.3 millones de desplazados internos, 22.5 millones de personas y 2.8 millones de solicitantes de asilo.
De acuerdo con el informe “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2016” del ACNUR, para finales de 2016 en los países de las Américas se registraban 7,584,816 personas desplazadas internas, 471,178 personas refugiadas, 221,516 personas en situación similar a la de personas refugiadas, 654,640 solicitantes de asilo con sus casos pendientes de resolución y 204 refugiados retornados. En los últimos 5 años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante en un 782.11% en las Américas, al tiempo que se ha observado una disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas en la región del casi 9%. La CIDH y el ACNUR expresan su preocupación por la gran disparidad que existe entre el drástico aumento en el número de personas solicitantes de asilo y la disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas.
Entre los principales desafíos de la región se encuentra la migración forzada de personas del Triángulo Norte de Centroamérica y México debido, principalmente, a la violencia del crimen organizado, en donde se observa un drástico incremento del 3,702% de personas solicitantes de asilo y de 149% en el número de personas refugiadas del Triángulo Norte y así como de 1684% de solicitantes de asilo y 23% de personas refugiadas de México. A su vez, la crisis humanitaria en Venezuela ha ocasionado un aumento alarmante del 8,828% de solicitantes de asilo, al tiempo que el número de refugiados ha bajado en un 8%; así como los desplazamientos forzados debido principalmente a desastres naturales en Haití.   
Al recordar el día que tuvo que huir de El Salvador por amenazas de las pandillas, María señala: “Realmente no pude dormir esa noche. Mis hermanas no podían venir con nosotras y yo temía que algo les pasara a ellas. Me dolía el estómago por el hambre y el piso estaba muy duro para poder dormirme. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi cabeza estaba completamente despierta. No sabía dónde estaba, pero eventualmente dormí un poco porque mi madre me dijo que todo estaría bien”. María espera retomar sus estudios ahora que es refugiada y se encuentra a salvo. Por su parte, al recordar su solicitud de asilo, Priscila comenta que: “estaba perdida y asustada. No conocía a nadie, y me sentía como un bicho raro. Rápidamente firmé todos los papeles para que pudiéramos salir a llorar sin que nadie nos mirara... Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar todo atrás, mi familia y amigos, mi casa, mi negocio y dejar Honduras para siempre gastando todo el dinero que tenía  porque sabía que sólo tenían días, u horas, antes de que la mara viniera por mi hija. La habían seleccionado para ser la novia de uno de los mareros".
Ante esta situación, la CIDH y el ACNUR observan que las medidas que han tomado los Estados de la región resultan insuficientes para responder a la crisis de personas refugiadas que estamos viviendo, es necesario tomar medidas concretas para hacer frente a la situación y garanticen la protección a todas las personas que lo necesitan. En este sentido, la CIDH y el ACNUR urgen a los Estados de la región a implementar dentro de un marco de cooperación y responsabilidad compartida las siguientes medidas:
Abordar y prevenir las causas que originan el desplazamiento interno y la migración forzada transnacional de personas.
Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 19169, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 y asegurar el cumplimiento de las normas y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados en las políticas, leyes y prácticas nacionales y regionales.
Establecer a nivel nacional procedimientos justos y eficaces para la determinación de la condición de refugiado, protección complementaria y apátrida. 
Garantizar el ingreso al territorio a las personas que solicitan protección internacional, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera.
Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieren protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales de protección.
Desarrollar y coordinar adecuadamente a nivel nacional, regional e internacional mecanismos de respuesta a grandes movimientos de refugiados y migrantes.
Incrementar los programas de reasentamiento de refugiados, junto con habilitar vías seguras, regulares y ordenadas para la migración,  tales como programas de visas humanitarias, protección complementaria, reunificación familiar, becas para estudiantes, visas laborales, programas de patrocinios privados, entre otros.
Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países receptores de refugiados.
Garantizar que la detención migratoria de solicitantes de asilo u otras personas que requieren protección internacional sea siempre una medida de último recurso, admisible únicamente cuando sea razonable, necesaria, proporcional, decidida caso por caso, y utilizada por el menor tiempo posible. Considerar de manera prioritaria el uso de medidas alternativas a la detención. Garantizar que no se recurrirá a la detención migratoria de niñas, niños y sus padres para cautelar los fines de un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado o un proceso migratorio. Como regla general, la detención de solicitantes de asilo y refugiados por razones migratorias no está justificada en el derecho internacional y es considerada un obstáculo para el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo. 
Implementar medidas para promover integración social y la resilencia de las personas refugiadas, en particular a través de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. A efectos de promover la integración social de las personas refugiadas los Estados deben desarrollar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar contra la discriminación y la xenofobia.
Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló que: “Estamos siendo testigos de un momento de la historia moderna el que hemos superado las mayores cifras de refugiados, desplazados internos y otras personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. El continente americano también está viviendo sus crisis de refugiados, crisis que en gran medida están siendo invisibilizadas o abordadas desde enfoques de contención de la migración y disminución de la protección internacional. Esto debería obligarnos a repensar las medidas que se han venido implementando en la región a favor de las personas refugiadas, si bien la región tiene larga tradición de asilo, la magnitud de las cifras actuales nos exige que no nos quedemos viendo cómo las personas arriesgan todo por sobrevivir para que al final se les niegue la protección a la que tienen derecho, el Día Mundial del Refugiado es un recordatorio de la deuda humanitaria que tenemos como Estados y es un llamado a la acción”.
Por su parte, Renata Dubini, Directora del Buró de las Américas del ACNUR, expresó que: “Es importante que recordemos que cuando hablamos de refugiados hablamos de personas que han tenido que huir de sus hogares/países como consecuencia de la violencia, persecución y de violaciones a los derechos humanos. En la región observamos que en un gran número de casos los solicitantes de asilo y los refugiados son personas que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; y personas en situación de pobreza”. Frente a lo cual agregó que: “Los Estados de la región han reconocido la situación de crisis que se vive en nuestro continente y se han comprometido a implementar medidas específicas para atenderla; en este sentido, éste año se presenta el primer progreso trienal de la Declaración y Plan de Acción de Brasil y el proceso de seguimiento de la Declaración de Acción de San José de 2016, así como la aprobación de un Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018, esperamos que estos esfuerzos se vean reflejados en una mejora en la vida de las personas refugiadas”.
El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló: “Para responder eficazmente a las crisis de refugiados que estamos viendo en la región necesitamos políticas regionales innovadoras basadas en la cooperación y la responsabilidad compartida de los Estados, que estén enfocadas en la protección de los refugiados en primer lugar; la participación y liderazgo los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado y los refugiados mismos y sobre todo, de voluntad política. Las crisis de refugiados que estamos viendo no son sólo de números, son principalmente crisis de falta de solidaridad y de voluntad política”. A lo cual añadió: “El número de nuevos desplazamientos forzosos fue de 20 personas por minuto durante 2016, lo que significa 28.300 personas por día. Es urgente que desarrollemos una respuesta regional integral para la protección de los refugiados. Cada minuto que pasa son vidas que dejamos de salvar”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por ​persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y tiene más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo en 125 países. En reconocimiento a su labor, ACNUR ha recibido el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981, y ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 1991.​

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