miércoles, 21 de junio de 2017

RESPALDA PANCDMX CONSTRUCCIÓN DE L7 DEL METROBÚS


El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México respalda la construcción de la Línea 7 del Metrobús, mientras exista conciliación con los vecinos, trabajo coordinado con las autoridades delegacionales y se cumplan con todos los requisitos legales, afirmó su presidente Mauricio Tabe Echartea.
“Para Acción Nacional la construcción de la Línea 7 del Metrobús tiene que ir para adelante, escuchando a los ciudadanos y coordinándose con las autoridades delegacionales”.
En conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF),  acompañado por las diputadas locales Margarita Martínez Fisher y Wendy González Urrutia, Mauricio Tabe llamó al gobierno de la ciudad a actuar con prontitud frente a la situación jurídica de la Línea 7 del Metrobús.
“No podemos detener el crecimiento del transporte público que tanta falta le hace a esta ciudad que está desbordada. Hemos sido críticos sobre la falta de inversión pública en el transporte y por ello detenerla implica afectar a la ciudad”, aseveró.
Afirmó que apoyarán cualquier obra de transporte público que implique beneficios tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente, por lo que exhortó a las autoridades jurisdiccionales resolver este caso.
“El Poder Judicial debe responder de manera expedita y evitar cualquier tentación de tomar como rehenes a los ciudadanos en disputas políticas, queremos poner toda nuestra confianza en que la sentencia que atienda lo hará con toda celeridad y pensando en el bien de la Ciudad de México”.
El presidente del PAN CDMX dijo que el tema de la tarifa no se puede partidizar o utilizar como bandera electoral, sino analizarse desde el punto de vista técnico e informar con transparencia.
“Nosotros estaríamos en contra de que se agarre como bandera electoral y tengamos tarifas populistas que nos lleven a la ‘carcachización’ del transporte público o que tengamos tarifas elevadas que sirvan como medidas de recaudación del gobierno”, afirmó.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Margarita Martínez Fisher, lamentó el clima de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia los planes y proyectos de movilidad que promueve el gobierno de la ciudad, lo que ha derivado en conflictos sociales y legales.
En su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la legisladora convocó al Jefe de Gobierno para atender y resolver bajo una línea de conciliación, el proceso judicial por el cual está suspendida la obra de la Línea 7 del Metrobús sobre Reforma.
Durante su intervención, la panista Wendy González Urrutia, Secretaria de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad, explicó que la bancada de Acción Nacional avala este proyecto en un marco de orden y transparencia sobre todo en términos de medio ambiente.
“La movilidad en la ciudad es algo urgente y vamos a escuchar a los actores políticos y sociales interesados. Hoy vivimos en un caos y quienes utilizan el transporte público invierten más de media jornada laboral de su tiempo, por lo que bloquear alternativas de medios atenta contra un derecho a la educación, al trabajo y a la movilidad”.
Ambas legisladoras coincidieron en que el GPPAN acredita esta obra de movilidad como un medio de transporte alterno en beneficio de miles de capitalinos sobre Reforma, sin embargo, existirá un seguimiento puntual a criterios específicos como lo es medio ambiente y transparencia.

martes, 20 de junio de 2017

DECLARACIÓN CONJUNTA CIDH Y ACNUR - DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO: 10 MEDIDAS PARA QUE LOS ESTADOS DE LAS AMÉRICAS RESPONDAN A LAS CRISIS DE REFUGIADOS


Washington / Ginebra – En ocasión del Día Mundial del Refugiado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconocen la valentía y los sacrificios de 65,6 millones de personas que para finales de 2016 se habían visto forzadas a huir de sus hogares en búsqueda de protección a nivel mundial. Esta cifra es la más alta de todos los tiempos e incluye 40.3 millones de desplazados internos, 22.5 millones de personas y 2.8 millones de solicitantes de asilo.
De acuerdo con el informe “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2016” del ACNUR, para finales de 2016 en los países de las Américas se registraban 7,584,816 personas desplazadas internas, 471,178 personas refugiadas, 221,516 personas en situación similar a la de personas refugiadas, 654,640 solicitantes de asilo con sus casos pendientes de resolución y 204 refugiados retornados. En los últimos 5 años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante en un 782.11% en las Américas, al tiempo que se ha observado una disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas en la región del casi 9%. La CIDH y el ACNUR expresan su preocupación por la gran disparidad que existe entre el drástico aumento en el número de personas solicitantes de asilo y la disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas.
Entre los principales desafíos de la región se encuentra la migración forzada de personas del Triángulo Norte de Centroamérica y México debido, principalmente, a la violencia del crimen organizado, en donde se observa un drástico incremento del 3,702% de personas solicitantes de asilo y de 149% en el número de personas refugiadas del Triángulo Norte y así como de 1684% de solicitantes de asilo y 23% de personas refugiadas de México. A su vez, la crisis humanitaria en Venezuela ha ocasionado un aumento alarmante del 8,828% de solicitantes de asilo, al tiempo que el número de refugiados ha bajado en un 8%; así como los desplazamientos forzados debido principalmente a desastres naturales en Haití.   
Al recordar el día que tuvo que huir de El Salvador por amenazas de las pandillas, María señala: “Realmente no pude dormir esa noche. Mis hermanas no podían venir con nosotras y yo temía que algo les pasara a ellas. Me dolía el estómago por el hambre y el piso estaba muy duro para poder dormirme. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi cabeza estaba completamente despierta. No sabía dónde estaba, pero eventualmente dormí un poco porque mi madre me dijo que todo estaría bien”. María espera retomar sus estudios ahora que es refugiada y se encuentra a salvo. Por su parte, al recordar su solicitud de asilo, Priscila comenta que: “estaba perdida y asustada. No conocía a nadie, y me sentía como un bicho raro. Rápidamente firmé todos los papeles para que pudiéramos salir a llorar sin que nadie nos mirara... Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar todo atrás, mi familia y amigos, mi casa, mi negocio y dejar Honduras para siempre gastando todo el dinero que tenía  porque sabía que sólo tenían días, u horas, antes de que la mara viniera por mi hija. La habían seleccionado para ser la novia de uno de los mareros".
Ante esta situación, la CIDH y el ACNUR observan que las medidas que han tomado los Estados de la región resultan insuficientes para responder a la crisis de personas refugiadas que estamos viviendo, es necesario tomar medidas concretas para hacer frente a la situación y garanticen la protección a todas las personas que lo necesitan. En este sentido, la CIDH y el ACNUR urgen a los Estados de la región a implementar dentro de un marco de cooperación y responsabilidad compartida las siguientes medidas:
Abordar y prevenir las causas que originan el desplazamiento interno y la migración forzada transnacional de personas.
Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 19169, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 y asegurar el cumplimiento de las normas y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados en las políticas, leyes y prácticas nacionales y regionales.
Establecer a nivel nacional procedimientos justos y eficaces para la determinación de la condición de refugiado, protección complementaria y apátrida. 
Garantizar el ingreso al territorio a las personas que solicitan protección internacional, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera.
Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieren protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales de protección.
Desarrollar y coordinar adecuadamente a nivel nacional, regional e internacional mecanismos de respuesta a grandes movimientos de refugiados y migrantes.
Incrementar los programas de reasentamiento de refugiados, junto con habilitar vías seguras, regulares y ordenadas para la migración,  tales como programas de visas humanitarias, protección complementaria, reunificación familiar, becas para estudiantes, visas laborales, programas de patrocinios privados, entre otros.
Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países receptores de refugiados.
Garantizar que la detención migratoria de solicitantes de asilo u otras personas que requieren protección internacional sea siempre una medida de último recurso, admisible únicamente cuando sea razonable, necesaria, proporcional, decidida caso por caso, y utilizada por el menor tiempo posible. Considerar de manera prioritaria el uso de medidas alternativas a la detención. Garantizar que no se recurrirá a la detención migratoria de niñas, niños y sus padres para cautelar los fines de un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado o un proceso migratorio. Como regla general, la detención de solicitantes de asilo y refugiados por razones migratorias no está justificada en el derecho internacional y es considerada un obstáculo para el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo. 
Implementar medidas para promover integración social y la resilencia de las personas refugiadas, en particular a través de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. A efectos de promover la integración social de las personas refugiadas los Estados deben desarrollar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar contra la discriminación y la xenofobia.
Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló que: “Estamos siendo testigos de un momento de la historia moderna el que hemos superado las mayores cifras de refugiados, desplazados internos y otras personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. El continente americano también está viviendo sus crisis de refugiados, crisis que en gran medida están siendo invisibilizadas o abordadas desde enfoques de contención de la migración y disminución de la protección internacional. Esto debería obligarnos a repensar las medidas que se han venido implementando en la región a favor de las personas refugiadas, si bien la región tiene larga tradición de asilo, la magnitud de las cifras actuales nos exige que no nos quedemos viendo cómo las personas arriesgan todo por sobrevivir para que al final se les niegue la protección a la que tienen derecho, el Día Mundial del Refugiado es un recordatorio de la deuda humanitaria que tenemos como Estados y es un llamado a la acción”.
Por su parte, Renata Dubini, Directora del Buró de las Américas del ACNUR, expresó que: “Es importante que recordemos que cuando hablamos de refugiados hablamos de personas que han tenido que huir de sus hogares/países como consecuencia de la violencia, persecución y de violaciones a los derechos humanos. En la región observamos que en un gran número de casos los solicitantes de asilo y los refugiados son personas que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; y personas en situación de pobreza”. Frente a lo cual agregó que: “Los Estados de la región han reconocido la situación de crisis que se vive en nuestro continente y se han comprometido a implementar medidas específicas para atenderla; en este sentido, éste año se presenta el primer progreso trienal de la Declaración y Plan de Acción de Brasil y el proceso de seguimiento de la Declaración de Acción de San José de 2016, así como la aprobación de un Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018, esperamos que estos esfuerzos se vean reflejados en una mejora en la vida de las personas refugiadas”.
El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló: “Para responder eficazmente a las crisis de refugiados que estamos viendo en la región necesitamos políticas regionales innovadoras basadas en la cooperación y la responsabilidad compartida de los Estados, que estén enfocadas en la protección de los refugiados en primer lugar; la participación y liderazgo los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado y los refugiados mismos y sobre todo, de voluntad política. Las crisis de refugiados que estamos viendo no son sólo de números, son principalmente crisis de falta de solidaridad y de voluntad política”. A lo cual añadió: “El número de nuevos desplazamientos forzosos fue de 20 personas por minuto durante 2016, lo que significa 28.300 personas por día. Es urgente que desarrollemos una respuesta regional integral para la protección de los refugiados. Cada minuto que pasa son vidas que dejamos de salvar”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por ​persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y tiene más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo en 125 países. En reconocimiento a su labor, ACNUR ha recibido el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981, y ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 1991.​

LA RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA VÍCTOR FÚNEZ EN HONDURAS

Washington, D.C. –La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista y candidato a diputado por el Partido Nacional, Víctor Fúnez, conocido como “El Masa”, ocurrido el 15 de junio en la ciudad de La Ceiba, en Honduras, e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y establezca la posible relación con la actividad periodística.
De acuerdo a la información disponible, el periodista retornaba a su casa en la madrugada del 15 de junio cuando un desconocido que se transportaba en una motocicleta le disparó al menos dos veces causándole la muerte. Fúnez se desempeñaba como presentador del programa ‘Informe Nocturno’, en el Canal 45 de La Ceiba. Según el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, ya se habría conformado un grupo especial de investigadores a fin de determinar la causa y los responsables por el asesinato del periodista. El presunto autor material habría sido capturado por miembros de la policía nacional en el mismo día de los hechos.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".
La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como implementar los mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobado en 2015 por el Congreso, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística.
Tras la visita in loco a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH reiteró que es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes de periodistas y comunicadores, y a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos. El mantenimiento de la impunidad no sólo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el Estado.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

lunes, 19 de junio de 2017

CIDH Y CORTEIDH CONFÍAN QUE OEA DUPLICARÁ PRESUPUESTO PARA SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

Washington, D.C. / San José, Costa Rica – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) confían en que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobará en su Asamblea General una propuesta financiera para un funcionamiento adecuado y sostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La propuesta actualmente en debate plantea duplicar el presupuesto anual del fondo regular de la OEA para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con este presupuesto, se buscaría garantizar la sostenibilidad y previsibilidad de los fondos disponibles para los dos órganos del Sistema, cubriendo la totalidad de sus gastos actuales por medio de la contribución anual de los Estados Miembros mejorando su capacidad de planificación y gestión. Todo ello en beneficio directo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región.
En la actualidad la Comisión y la Corte dependen excesivamente de donaciones y contribuciones financieras voluntarias, que por su propia naturaleza son variables e impredecibles. Esta propuesta permitiría cambiar esta realidad, manteniendo la capacidad institucional actual de ambos órganos para el cumplimiento de sus respectivos mandatos. Asimismo, esta iniciativa busca adecuar la partida presupuestal a fin de que sean los propios Estados Miembros de la OEA los principales financiadores de los órganos del Sistema, ya que estos son los responsables de dotarlos de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su mandato en la promoción y protección de los derechos humanos con plena autonomía e independencia.
La Comisión y la Corte esperan que los Estados Miembros de la OEA apoyen la propuesta conjunta en forma unánime y que sea aprobada en la Asamblea General que tendrá lugar este mes de junio en México. De esta manera, se pondría fin a la incertidumbre financiera con la que trabajan ambos órganos del SIDH.
El 14 de junio de 2016, la Asamblea General Ordinaria de la OEA en Santo Domingo aprobó una resolución sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde los Estados Miembros expresaron su determinación en encontrar una solución duradera y estructural al grave problema del financiamiento insuficiente del sistema interamericano. En dicha resolución, la Asamblea General resolvió reafirmar su “compromiso de lograr el pleno financiamiento de la CIDH a través del Fondo Regular de la OEA”.
La Asamblea General instruyó a la Secretaría General de la OEA a que, en consulta con la Comisión y la Corte, presentara propuestas para fortalecer la sustentabilidad financiera de ambos órganos. El resultado fue que la CIDH y la CorteIDH acordaron una propuesta conjunta para el financiamiento adecuado y sostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una acción consensuada que no tenía precedentes. Sin embargo, la misma no fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA del 31 de octubre de 2016, donde se aprobó el presupuesto para el año 2017. En su lugar, se aprobó una cláusula de emergencia para garantizar el funcionamiento de actividades esenciales este año y el seguimiento de la búsqueda de una solución permanente para 2018, que iba a ser decidida en México.

La CIDH y la CorteIDH confían en el momento histórico que significará la Asamblea General Ordinara de la OEA, que tendrá lugar en México este mes, para confirmar esta expectativa positiva para el programa de presupuesto de 2018. En definitiva, la aprobación de esta propuesta será un paso decisivo para reafirmar a los derechos humanos como un pilar y compromiso común de América.

EL HOSTIGAMIENTO Y LA PERSECUCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 43 CONTINÚAN



Cancún, Quintana Roo a 19 de junio de 2017.- El hostigamiento y la persecución a los padres de familia de los 43 continúan, ahora el suelo maya es testigo de las arbitrariedades de los cuerpo policiacos federales que hoy agredieron a madres y padres de los 43 desaparecidos en #Ayotzinapa.
La caravana sur-sureste ha sido acosada desde su salida de Veracruz, donde fueron detenidos en las casetas de cobro y hoy, policías federales agredieron a los manifestantes, a quienes golpearon con toletes y macanas.
Comité de Padres y madres de Familia de los 43 han condenado enérgicamente el hostigamiento a quienes integran la caravana sur-sureste, responsabilizando al Gobierno Federal de la integridad física durante su trayecto, así como en el desplazamiento a los lugares que tiene contemplado recorrer. Activistas y padres de los 43 han señalado que son reprimidos por buscar a los 43 normalistas desaparecidos.
Sin embargo, a pesar de atropello, no bajan la guardia con la arenga y persiste el grito fraterno.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

domingo, 18 de junio de 2017

POR CRECIMIENTO ANÁRQUICO URGE PRESENTAR ATLAS DE RIESGO DE AZCAPOTZALCO: JESÚS BRIONES


El diputado Juan Jesús Briones solicitó al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, presentar el Atlas de Riesgo Delegacional, a fin de detener el “boom” inmobiliario que representa cuantiosas ganancias para las empresas constructoras, pero afecta la calidad de vida de miles de habitantes de esta demarcación.
Briones Monzón presentó un punto de acuerdo, aprobado por la Diputación Permanente, en el que se pide que este Atlas sea presentado a la brevedad, debido a la urgencia que significa identificar las zonas de riesgo y orientar el Plan de Desarrollo Urbano Delegacional en beneficio de los ciudadanos. Recordó que el Atlas de Riesgo fue propuesto por el propio Jefe Delegacional al detectar la alarmante situación que generaron las edificaciones. Por ello, confió en que sea entregado a la Asamblea Legislativa a la brevedad, lo que permitirá coadyuvar en políticas públicas que atiendan esta problemática.
El diputado de morena denunció la alarmante situación que se registra en Azcapotzalco ante el desmedido número de licencias de construcción otorgadas a inmobiliarias por las administraciones perredistas, lo que ha generado un considerable aumento en el índice poblacional. Lo más grave de esta situación, explicó, es que se otorgaron permisos para construir en zonas de riesgo o donde se obstruye el libre tránsito, o lo que es peor, son irregulares. “Este crecimiento anárquico debe ser detenido”, demandó.
Agregó que 40 por ciento de los vecinos de Azcapotzalco viven en unidades habitacionales como El Rosario y la Unidad Cuitláhuac, donde se ha recrudecido la inseguridad y escasez de servicios debido a un crecimiento desordenado que no respetó el proyecto original.
Criticó que las autoridades no hayan aprendido de esta experiencia y permitan que por todas partes de la delegación se observen construcciones que agudizarán más esta situación y pidió una supervisión detallada para determinar que cumplan con todas las normas de la ley. Hay edificios que se construyen en terrenos pequeños y se desconoce si cuentan, por ejemplo, con estacionamiento.
Demandó detener este “boom” inmobiliario que lejos de beneficiar a los habitantes de Azcapotzalco, incrementa la ya difícil situación de inseguridad y escasez de agua que se enfrenta. Esta “fiebre inmobiliaria” dificulta cada vez más proveer a los ciudadanos de los servicios necesarios a los que tienen derecho”. Detalló que esta situación se agudizó en los últimos cinco años, ante la aparente complicidad de las administraciones perredistas, por lo que no descartó posibles actos de corrupción. Ello, dijo, porque a pesar de que esas administraciones conocieron esta grave alteración en los servicios y la inseguridad, se continuó otorgando los permisos de construcción que hacen de Azcapotzalco una delegación desordenada desde el punto de vista urbano.

Por último, señaló que el Atlas de Riesgos de la Delegación Azcapotzalco debe establecer medidas preventivas en infraestructura que permitan combatir este fenómeno y los asentamientos irregulares.

POLICÍA ESTATAL IMPIDE EL LIBRE TRÁNSITO A CARAVANA DE LOS #43


#DenunciaCiudadana
#Deúltimahora

Camaradas queremos a ser la denuncia del hostigamiento sistemático del cual están siendo objeto quienes integran la caravana que va rumbo al sureste. Se trata de los padres y familiares de los 43
La policía impide el libre tránsito del vehículo que los transporta, esto es en Córdoba Veracruz, donde al pasar por las casetas los policías están apuntando con sus armas largas al autobús donde va la caravana.